La reforma reforma en materia de control efectivo de la corrupción de 2015 y 2016 creó los sistemas anticorrupción, tanto nacional como estatales, y les dotó de un entramado institucional que descansa principalmente en tres figuras. La primera de ellas es un comité coordinador como última instancia de decisión de los mandatos de la reforma. La segunda es un comité de participación ciudadana (CPC) con el propósito de romper el monopolio que habían ejercido las instituciones públicas hasta ese momento en el control de la corrupción. La tercera y última fue la figura de secretaría ejecutiva con funciones estrictamente técnicas, pero de suma relevancia para el funcionamiento regular de los sistemas y para el cumplimiento de mandatos específicos de la reforma. 

El fortalecimiento de los Sistemas Estatales Anticorrupción  debe ser considerado una prioridad pública. La Embajada Británica en México y la Secretaría Ejecutiva del SNA (SESNA) emitieron una convocatoria para analizar herramientas y prácticas estatales anticorrupción. México Evalúa y Transparencia Mexicana (ME/TM) se dieron a la tarea de realizar un ejercicio de documentación de dichas herramientas y prácticas, las cuáles pueden consultarse aquí.

 

 

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